Además, dejó abierta la posibilidad de demandar a los directores de la empresa interestadual. Conformará una comisión para analizar la cuestión ambiental en Andalgalá.
El Consejo Superior de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) le asestó un duro golpe a los planes de YMAD con Agua Rica al rechazar por unanimidad el acuerdo plasmado semanas atrás entre ambas empresas.
Con esta decisión, la pata tucumana de YMAD, intensificó el conflicto que comenzó cuando el directorio de YMAD aprobó la propuesta de alquilarle la infraestructura de Minera Alumbrera a Minera Agua Rica por un anticipo de 12,5 millones de dólares. Esta resolución se hizo sin la presencia de los representantes de la universidad tucumana, lo que generó un fuerte malestar.
Además de rechazar el acuerdo, el Consejo dejó abierta la puerta para accionar contra la empresa interestadual
El acuerdo que YMAD había aprobado era para que Minera Agua Rica procese el mineral que extraiga del yacimiento en las instalaciones de Minera Alumbrera, a cambio de un alquiler de 12,5 millones de dólares que se pagaría por adelantado en dos partes.
El plenario del Consejo fue la continuación de uno que quedó trunco la semana pasada. En esta ocasión, además de los asambleístas, hubo docentes, estudiantes y referentes de grupos ambientalistas de Andalgalá. De hecho, una representante de los vecinos habló en la asamblea y presentó una nota con 2.000 firmas donde rechazaba la explotación del proyecto minero.
De acuerdo con medios tucumanos, en la sesión hubo dos mociones: una de la decana de Derecho, Adela Seguí (consensuada por un grupo de decanos), y otra del decano de Medicina, Mateo Martínez, que pedía revisar la responsabilidad de los directores de la UNT y contemplar la salud social de la gente de Andalgalá.
Luego del debate se redactó un documento unificado que fue aprobado por unanimidad. "Se rechaza en bloque (y no se convalida) el negocio que instrumentan el memorándum de entendimiento y los contratos derivados del mismo”.
También, se argumentó que la UNT debe velar por el derecho a un medio ambiente sano y que no se han incluido en los contratos las observaciones del informe de la UNT en 2008 sobre la evaluación de impacto ambiental de Agua Rica.
Cuestionó también que el contrato entre las firmas “está orientado a la puesta a disposición de la infraestructura construida para Bajo la Alumbrera al servicio del proyecto Agua Rica por YMAD y la Alumbrera en común”.
Advirtió que YMAD solo participa del 26% de las ganancias, lo cual es “notoriamente desproporcionado con el valor de la infraestructura” y que los contratos dan absoluta prioridad a los intereses de Alumbrera. Añadió que “la UNT se reserva las acciones legales para preservar los derechos en juego, contra cualquier persona, incluidos los representantes de la UNT ante YMAD”.
Finalmente, el Consejo “se compromete a constituir una comisión de expertos que analice la problemática asociada a esta cuestión, poniendo especial acento en los intereses sobre el medioambiente y la salud de la población en su conjunto, así como los patrimoniales de la institución.
Antecedentes
El 3 de octubre, YMAD y Minera Agua Rica firmaron un convenio para que Agua Rica procese el mineral que extraiga del yacimiento en las instalaciones de Minera Alumbrera, a cambio de un alquiler del que se le liquidaría un adelanto de 12,5 millones de dólares en dos partes.
La decisión se tomó sin la participación de los miembros del directorio que representan a la Universidad Nacional de Tucumán, Alfredo Grau y Domingo Marchese, lo que detonó un fuerte escándalo en la casa de altos estudios. Los representantes justificaron su inasistencia planteando que necesitaban más tiempo para analizar el contrato.
En la Cámara de Diputados local se presentó un pedido de informes para que YMAD envíe copias del acta de Directorio en la que se aprobó la oferta para participar en la futura explotación del proyecto minero Agua Rica.
Conocido el acuerdo, vecinos de Andalgalá junto a la Asamblea el Algarrobo denunciaron al Directorio de YMAD por incumplimiento en los deberes de funcionario público.