Defendió la posesión por la antigüedad de la residencia. Además, dijo que antes de la presentación por usurpación, el Estado les habían pedido autorización para abrir el camino.
La familia Morales continuará hoy con los trámites judiciales de la causa luego de que la fiscal Verónica Saldaño dio la orden de quitar el alambrado que impedía abrir un camino para el paso del transporte pesado hacia la minera que produce litio. El abogado de la familia Morales Walter Falcone consideró que la denuncia que realizó el Estado provincial por usurpación es "una vergüenza, una burrada" al argumentar que la familia tiene la posesión y el derecho de esas tierras por más que no se tengan los títulos en condiciones.
El miércoles pasado, tras un operativo policial violento, la familia Morales opuso resistencia a la apertura del camino al denunciar que el intendente Julio Taritolay no había cumplido con el compromiso de realizar las obras necesarias para que ellos pudieran encerrar y mantener a sus animales que son la base de su trabajo agrario.
"Es una vergüenza, una burrada histórica social y jurídica. Estas son tierras ancestrales, la familia Morales lo tiene documentado hace mucho, eran tierras que estaban cerradas y alambradas desde hace más de 20 o 30 años. Entonces, es un predio poseído por una familia particular . Es la casa paterna donde vive la madre de la familia de 78 años- que fue agredida- es una casa que tiene unos 60 o 70 años y un poquito más arriba está la casa de los abuelos. Hay una posesión antíquísima, son pocos habitantes lo que tienen dominio perfecto", dijo el exfiscal de Belén.
En este sentido Falcone expresó su disgusto porque el Estado provincial hizo una denuncia contra autores desconocidos cuando en realidad era evidente quienes son los propietarios de las tierras.
"Este respeto a la posesión afectiva siempre ha existido sino fuera así porque le fueron a pedir permiso las autoridades de la Municipalidad y de la Provincia para hacer el camino por el campo. Ese es un reconocimiento categórico de que es una tierra de ellos porque si fuera de la provincia o la Municipalidad pasan directamente, pero fueron a pedir permiso. Hay un reconocimiento a la posesión y a las acciones que genera la posesión, hay un derecho", explicó.
Recordó que la familia había otorgado la autorización para realizar la traza por su terreno. El plazo para realizar la obra era de cinco días, pero pasaron varios meses y no hubo avances. Las obras comprometidas eran el alambrado y terraplenado paralelo al camino para resguardar los animales, la alcantarilla para un afluente que pasa por ahí y una pequeña acequia para llevar agua hasta un vergel. "Esa era la promesa de organismos públicos y las empresas mineras que eran las beneficiadas", manifestó.
"Cortaron alambres, empezaron el terraplenado, comenzaron a pasar vehículos y nunca hicieron los alambrados paralelos. Aparece después la provincia con una denuncia contra autores desconocidos diciendo 'no sabemos quien ha tomado las tierras nuestras'. Es una barbaridad, una burla y lo peor es que esa burla la sigue el Poder Judicial porque ellos son sabedores hace meses de este conflicto. Me consta que son sabedores porque ya habían enviado al oficial de Justicia a hablar con la familia y la familia lo único que pedía la familia es que venga el intendente, que es el que se comprometió", agregó.
"El delito de usurpación es un delito doloso, es decir con conciencia, con conocimiento de que el inmueble es ajeno y perturbo la propiedad de otro. Se sabe judicialmente y de hecho, en el expediente hay documentación donde hay una entrega de hace 12 años atrás del padre de esta gente que le entregaba a los hijos esas propiedades, jurídicamente no hay usurpación", sentenció.
El abogado cuestionó también el procedimiento de la fiscal de la tercera circunscripción Verónica Saldaño al señalar que se tomaron medidas que correspondía que las dicte un juez y además señaló que en medio del operativo se dieron órdenes verbales. "Eso es gravísimo porque fueron a apalearlos, a arrastrarlos por las piedras".
La familia presentará hoy una nueva denuncia por otra integrante que fue golpeada ese día, pero no fue detenida. La mujer radicó una presentación en Gendarmería, porque no la tomaron en la comisaría de Antofagasta.
Movilización
Por otra parte, la asamblea Pucará que actuó en defensa de la familia Morales cuando se produjo el operativo trae su protesta contra la minería a la capital. Hoy, a las 10, frente a Casa de Gobierno se pronunciarán en contra de la explotación minera y en contra de la violencia de las fuerzas de seguridad.n
El Ancasti
