Esta ordenanza no solo protege al pueblo andalgalense frenando el proyecto Agua Rica, también protege a los pueblos cercanos: Belén, Santa María y a toda la región, que hoy sufre los impactos tremendamente negativos que ha dejado 20 años de megamineria con minera Alumbrera.
Hoy el Estado catamarqueño ataca esta ordenanza que protege el agua de un pueblo, bien comun imprescindible para la vida. La ataca llevándola a la justicia para intentar declararla inconstitucional. Parece que lxs administradores de turno no conocen el principio de progresividad en el derecho ambiental, donde el Estado tiene la obligación de adoptar medidas de carácter legislativo, administrativo y judicial, que tengan como finalidad el incremento gradual, constante, sostenido y sistemático del alcance y amplitud del nivel de protección ambiental, buscando alcanzar su plena efectividad en justo equilibrio con la protección y promoción del resto de los derechos humanos. Es inaudito que un Estado tome estas iniciativas cuando debería ser todo lo contrario.
Como habitantes de este territorio no podemos dejar que avasallen nuestros derechos, de acceso al agua, de vivir en un ambiente sano, de autodeterminación. La impunidad debe dejar de ser moneda corriente ante estos avasallamientos.
También repudiamos enérgicamente las actitudes corruptas de directivos de la UNT YMAD ante las irregularidades que generan por querer firmar desesperados el convenio Alumbrera-Agua Rica cuando este proyecto es totalmente ILEGAL e inviable.
Hasta que punto vamos a llegar? Funcionarios y funcionarias ciegos de ambición, violando las leyes para imponer un proyecto nefasto que generaría un impacto totalmente negativo y letal al NOA.
Es hora que abramos los ojos. Hacemos un llamado de reflexión a funcionarios, funcionarias, autoridades universitarias y al pueblo en general. Es el momento de la defensa de nuestros derechos, del derecho de nuestra Madre Tierra y de la defensa de nuestros territorios.
