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Fueron Condenados

Escrito por Agenciadenoticiaselnevado el jueves, 28 de marzo de 2019 | 7:58 a.m.

Menem y Cavallo, condenados pero no irán a la cárcel

El Tribunal Oral Federal N° 2 condenó ayer a la pena 3 años y 9 meses de prisión al expresidente y actual senador Carlos Saúl Menem, y a 3 años y 6 meses al exministro de Economía Domingo Cavallo. 


Es por el delito de “peculado” (malversación de fondos públicos) en la venta “a precio vil” del Predio Ferial de Palermo a la Sociedad Rural Argentina (SRA) en 1991. Además, ambos exfuncionarios recibieron una inhabilitación absoluta perpetua. 


En su fallo, los jueces del TOF 2 –Jorge Gorini, José Michilini y Rodrigo Giménez Uriburu– también condenaron a 3 años de prisión de ejecución condicional a Matías Ordóñez y Gastón Figueroa Alcorta, por considerarlos partícipes necesarios del delito. 


En cambio, absolvieron a Eduardo De Zavalía, Raúl Angelini, Juan Alberto Ravagnan, Jorge Frost, Carlos Ratto, Daniel Ivakhoff, Ricardo Schapiro y Juan Manuel Insúa. 


La condena es por venta a la SRA del predio ubicado frente a Plaza Italia, en el barrio porteño de Palermo, por un precio inferior al de mercado, en una venta directa resuelta por decreto el 20 de diciembre de 1991. El boleto de compraventa se firmó entre Cavallo y los entonces representantes de la SRA, De Zavalía y Ravagnan y luego se escrituró el 27 de mayo de 1992. 


Pelegrina 

Al término de la lectura del veredicto, el actual presidente de la Sociedad Rural Argentina, Daniel Pelegrina, destacó las absoluciones de los exdirectivos de esa entidad y remarcó que “la legalidad de la operación de compraventa de su predio ferial de Palermo”. 


“La Sociedad Rural no tuvo nada que ver con la decisión de poner el predio a la venta, que fue realizada cumpliendo los requisitos legales y a un precio acorde con las restricciones y obligaciones que se asumían. La Sociedad Rural sólo tenía dos opciones: aceptarlas o perder el predio”, señaló. 


Durante el juicio se ventiló la venta del predio, que le habría provocado un perjuicio al Estado nacional de aproximadamente 100.000.000 de dólares. 


La venta se realizó en diciembre de 1991 por 30.000.000 de dólares, cuando el inmueble valía “como mínimo”, según la fiscal Gabriela Baigún, 131.800.000.
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