La escena se desarrolla en un paraje de alta montaña del departamento...
La escena se desarrolla en un paraje de alta montaña del departamento Santa María. Una camioneta recorre el intrincado camino polvoriento que solo pueden transitar algunos vehículos de doble tracción hasta llegar a un caserío. Los visitantes dialogan con una señora del lugar, y al cabo de un rato se suben nuevamente a la camioneta y retornan por donde vinieron con doce cueros de oveja y 120 pesos menos.
La transacción se repite en cientos de localidades del interior profundo de Catamarca. Y no solo con cueros de oveja o de cabra, sino con una gran variedad de materias primas o productos artesanalmente elaborados por los lugareños. Pero aunque los lugares y los productos sean diferentes, la lógica de la operación comercial es la misma. Los campesinos los venden a unos pocos pesos, y los visitantes se los llevan para venderlos a precios sustancialmente mayores a comerciantes de las ciudades más grandes. Funcionan como intermediarios de una cadena de comercialización en el que el gran perdedor es el habitante del interior profundo, que no tiene margen para negociar mejores ingresos.
En el caso del paraje de Santa María, la señora vendió cada cuero a sólo diez pesos. El precio en cualquier comercio no baja de 900. Una verdadera estafa que se consuma a diario, sin que nadie le ponga un freno.
Si los productores que tienen una mínima estructura empresaria tiene problemas de comercialización, y herramientas muy débiles para negociar con relativo éxito frente a los intermediarios, que casi siempre imponen sus condiciones y sus precios, con más razón los campesinos que viven en una situación de virtual aislamiento y en una total desprotección en un contexto de negociación de tipo comercial sin paridad alguna.
El problema es histórico. Sin presencia activa del Estado regulando este comercio inequitativo, el productor familiar permanecerá en la más absoluta indefensión frente al arbitrio de la contraparte. Las medidas tomadas para modificar esta situación de desigualdad y abuso de poder han sido pocas, discontinuas y aisladas. Programas nacionales motorizados a través de la Subsecretaría de Agricultura Familiar, por ejemplo, han sido desfinanciados en los últimos años, por lo que en determinadas ocasiones es más relevante el aporte de Organizaciones No Gubernamentales que la de las propias oficinas de gobierno.
El Estado provincial parece ser, a través del Ministerio de Producción, el responsable primario en resolver el problema. Pero al tratarse de localidades aisladas, parajes lejanos de los centros urbanos, las autoridades locales adquieren una importancia especial en el relevamiento e identificación de las situaciones comerciales injustas como la narrada más arriba. Los municipios juegan un rol clave en la recopilación de esa información.
Es imprescindible la organización de los productores familiares para que puedan vender en forma conjunta, aportando el Estado los medios para superar el aislamiento y una función mediadora, en articulación con las ONG que trabajan en la problemática, para lograr precios justos y condiciones de comercialización razonables que eviten la repetición permanente de estas transacciones arbitrarias y abusivas.
El Ancasti
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