Un juez ya analiza
si indaga a Cristina por corrupción en los contratos para Báez
Dos fiscales solicitaron ayer a Ercolini que la convoque a declarar por irregularidades en las obras públicas que le dio al Grupo Austral. La medida incluye a De Vido, al empresario K y a otros 31 ex funcionarios.
El juez federal Julián Ercolini ya analiza el pedido del fiscal Gerardo Pollicita (junto a su colega Ignacio Mahiques) de llamar a declaración indagatoria de Cristina Kirchner. Es en el marco de la megadenuncia de Elisa Carrió donde Cristina está denunciada como jefa de una posible asociación ilícita. Ercolini ayer mismo puso su equipo a estudiar el pedido de los fiscales y en las próximas semanas decidirá si acepta o rechaza convocar a la ex presidenta a declarar como sospechosa.
Para Pollicita, ese “sistema”, que la ex mandatario heredó de la gestión de su esposo Néstor, y que profundizó, podría enmarcarse en los delitos de administración infiel en perjuicio del Estado y negociaciones incompatibles con la función pública. Según el Código Penal, el primero tiene una pena de dos a seis años de prisión; y el segundo prevé un castigo de uno a seis años de cárcel e inhabilitación perpetua para ejercer funciones estatales”.
Pollicita le solicitó al juez del caso, Julián Ercolini, que también cite a declarar como imputado a Lázaro Báez, preso por otro expediente que lo investiga por lavado de dinero. Y a otros 31 ex funcionarios nacionales y provinciales a los que acusó de formar parte de este esquema ilegal ejecutado durante años. Entre ellos se encuentran el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido; el ex secretario de Obras Públicas, José López; el ex subsecretario del área, Abel Fatala; el ex subsecretario de Coordinación de Obra Pública Federal, Carlos Santiago Kirchner, primo del ex mandatario santacruceño; y el ex titular de la Dirección de Vialidad Nacional, Nelson Periotti.
Aunque la ex presidenta es investigada por la propia dupla Pollicita-Ercolini, y por otros jueces y fiscales que avanzaron en expedientes que complicaron y complican a la familia Kirchner, esta causa, el detalle de las maniobras presuntamente delictivas, y el listado de ex funcionarios acusados de haber integrado una “matriz” de corrupción es el más amplio y profundo de la organización recaudatoria de los Kirchner.
En un escrito de 169 páginas, Pollicita denunció cómo “Néstor y Cristina Kirchner, conjuntamente con funcionarios de distintas reparticiones del Estado y un reducido número de empresarios amigos, entre los que se puede mencionar a Lázaro Antonio Báez, se habrían dedicado de manera sistemática y constante a llevar a cabo negocios espurios con el objetivo de apropiarse de fondos públicos”. Y agrega que esto es una evidencia de “una matriz de actuación propia”.
Pollicita hizo una conexión en esta causa de otras investigaciones que llevaron adelante otras autoridades judiciales contra presiones del poder K, como el caso Hotesur, liderado en su momento por el juez Claudio Bonadio –ahora bajo la instrucción del propio Pollicita-, y describe vínculos de su pesquisa con otras que se tramitan en torno a los manejos sospechosos de los Kirchner y los Báez, como la causa de la Ruta del Dinero K, cuya instrucción lidera ahora el fiscal Guillermo Marijuán.
En su escrito, Pollicita difunde datos oficiales y concretos que le dan solidez a su hipótesis. Describe cómo en el 2003 Báez era un monotributista que ganaba de sueldo 3.500 pesos como empleado de la gobernación de Santa Cruz. “Apenas un mes más tarde, en julio de 2003, ya encontrándose Néstor Kirchner en ejercicio de la Presidencia de la Nación, Báez se inscribió en el Impuesto a las Ganancias”, redactó en su escrito. Y apuntó: “Para ese entonces había dejado de ser únicamente un empleado estatal para convertirse en accionista de la primera de sus empresas dedicadas al rubro de la construcción, Austral Construcciones S.A., constituida en mayo de 2003”.
La facturación del ex monotributista Báez creció, según información judicial, 42.678% en doce años. Parte de esa plata terminó en cuentas privadas de la familia Kirchner, sostiene el fiscal: “A modo de ejemplo, es dable señalar que en el marco de esos actuados, logró determinarse como al menos entre los años 2008 y 2013, Lázaro BÁEZ alquiló y explotó los hoteles Alto Calafate y Las Dunas pertenecientes a los ex mandatarios, reportándoles al menos durante esos cinco años y únicamente por el primero, una ganancia aproximada de más de cuatro millones de dólares estadounidenses y doce millones de pesos, incrementando de tal manera su patrimonio a través del dinero que provendría, como se dijo, de las ganancias ilegales que acarrearon esas contrataciones, todo lo cual permite tener acreditado la verosimilitud del derecho invocado”.
Pollicita detalla también que la mayor parte de las licitaciones públicas que ganaron las empresas constructoras de Báez fueron teledirigidas para que sea él quien se las adjudique. Y además remarca que muchas de la infraestructura que Báez cobró por adelantado, terminó en la nada. Desde el Estado se habría decido no controlarlo. Escribió Pollicita: “Los acusados lejos de velar por los “intereses confiados” —los de la administración pública— a través de un gran número de conductas irregulares quebrantaron el deber de fidelidad que tenían para con los bienes del Estado e hicieron prevalecer el “interés personal” de los ex presidentes que pretendió beneficiar a su socio y amigo personal, para garantizarle un lucro indebido a costas del Estado”. Para lograrlo, los ex presidentes Kirchner, dice Pollicita, implementaron un plan para que Báez sea el principal beneficiario de la obra pública nacional de Santa Cruz, a su vez, la provincia más favorecida por ese negocio.
