A un año de la
jornada en que la Policía tomó la Casa de Gobierno
El 6 de diciembre de 2013, unos 500 policías catamarqueños, acompañados por sus familias -en las primeras horas- se manifestaron en la Casa de Gobierno.
Luego de casi 20 horas de tensión y zozobra, la gobernadora Lucía Corpacci firmó la solución, una mejora salarial. Transcurrido un año de la sedición, solo un efectivo de bajo rango fue investigado e imputado por la Justicia.
Eran las 9.00 de aquel 6 de diciembre, cuando comenzó lo que se denominó mediáticamente la revuelta o sedición policial en Catamarca, un efecto dominó de lo ocurrido en la provincia de Córdoba, tres días antes, cuando miembros de la fuerza de seguridad dejaron de cumplir sus funciones y se acuartelaron.
Hoy, a un año de la revuelta de los efectivos catamarqueños, quienes uniformados, en móviles y portando sus armas de fuego reglamentarias, tomaron literalmente la Casa de Gobierno, nada cambió. En la vecina provincia, la sedición le costó la “cabeza” a toda la cúpula policial. Y en nuestra provincia, ni siquiera se arregló la puerta lateral que fue destruida aquel día, cuando uniformados y de civil, los efectivos se enfrentaron con sus pares de la Prefectura, quienes habían arribado desde Buenos Aires convocados por la primera mandataria de la provincia. Este escenario fue también la postal que difundieron los medios nacionales, al captar las cámaras a un policía sacar el arma reglamentaria y efectuar un disparo.
Pero la policía de Catamarca no fue la única que se “levantó” en lo que para ellos era un reclamo salarial justo, sino que ocurrió en todo el país. Con la diferencia de que en los episodios de violencia, tales como “los saqueos”, el policía no fue el autor -con excepción de la policía de Tucumán, que luego se informó, habría existido una connivencia entre esta y los autores del saqueo-, ni abandonaron sus lugares de trabajo llevando los móviles al lugar de la protesta.
Ni mucho menos, entraron al hall de la Casa de Gobierno portando las armas, que el propio Estado que les dio para proteger a la sociedad, ni mantuvieron “cautiva” a la Gobernadora por casi 20 horas para que firmara el acuerdo salarial, apostados algunos de ellos en el ingreso propio de su despacho.
A pesar de que los incidentes registrados en el resto del país, no fueron tan graves, si se los compara con los sucedidos en nuestra provincia -por ejemplo el policía que sacó su arma y la remontó-, en el resto se iniciaron causas tanto penales como administrativas a todo el personal que participó de la manifestación. En la provincia de Córdoba se echó a toda la cúpula policial y en Tucumán se apartó del cargo a varios jefes y subalternos.
Declaraciones
Cabe hacer mención de que el mes pasado, el jefe de la Policía, comisario Gutiérrez, declaró ante el fiscal Roberto Mazzucco y, si bien consideró justo el reclamo salarial por parte de los policías, remarcó que no fue el modo. Ayer se supo que también la Gobernadora declaró -por escrito- con relación a lo sucedido ese 6 de diciembre, pero no trascendió nada al respecto. Ahora solo resta que declare el secretario de Seguridad.
Sin medidas
Ninguno de los más de 500 policías que atentaron contra el orden social, liberaron la zona, privaron, literalmente, de la libertad a la Gobernadora y supuestamente coaccionaron -permaneciendo en el hall, el pasillo y la puerta misma del despacho de la primera mandataria- portando sus armas reglamentarias, hasta que firmara el acuerdo salarial ya en horas de la madrugada, está siendo investigado por la Justicia ni administrativamente.
A un año de la rebelión policial, la puerta de acceso por calle República a Casa de Gobierno, conserva aún los daños producidos en aquella manifestación, cuando la Policía intentó ingresar.
