La
preocupación que los legisladores expresan por el incremento del delito no
tiene correlato en la Legislatura, donde varios proyectos esperan tratamiento.
El flagelo
de la inseguridad pública fue el tema de discusión política de la última semana
a partir de los crímenes de Celeste Moreno y María del Valle Condorí. Sin
embargo, la efervescencia del debate público no tiene su correlato en la
Legislatura Provincial donde hay más de 30 proyectos paralizados que apuntan a
enfrentar la problemática. El abanico de propuestas es amplio y en términos
generales apuntan a prevenir delitos, lograr mayor eficiencia en el servicio
que presta la Policía y el Poder Judicial y garantizar mejor la asistencia a
las víctimas de delito.
Este año la actividad legislativa está casi
paralizada. Ya sea por desidia, por las profundas diferencias políticas entre
oficialismo y oposición que impiden garantizar el quórum o por los compromisos
políticos de legisladores en campaña electoral,
lo cierto es que la Cámara baja tuvo muy pocas sesiones, en tanto que la
Cámara de Senadores tuvo mayor cantidad
de plenarios pero no avanzó en la discusión de temas que son claves para
enfrentar la inseguridad.
De acuerdo
con la información brindada por las áreas parlamentarias, la Cámara de
Diputados es la que tiene mayor cantidad de proyectos sin tratar. Sin embargo,
la Cámara de Senadores tiene tres proyectos que son claves para la política de seguridad que quiere
implementar el Gobierno. Uno es la ley de Seguridad que el Poder Ejecutivo
envió en agosto del año pasado. En noviembre obtuvo media sanción en Diputados
y desde entonces espera el tratamiento
de la Cámara alta. También está
pendiente de abordarse el proyecto por el que se modifica la ley de Ministerios
y se crea el Ministerio de Seguridad.
Y la
otra iniciativa es en contra de la
violencia familiar y de género que propone la creación del fuero de Violencia
familiar. La iniciativa obtuvo media sanción en septiembre en la Cámara de
Diputados.
En la
comisión de Legislación General de la Cámara baja permanecen sin tratarse
proyectos que proponen la creación del Registro Provincial de personas
condenadas por delitos contra la
integridad sexual, o el programa de seguimiento electrónico de los
delincuentes, ambas pertenecen al diputado Alfredo Gómez. La diputada Cecilia
Porta (PSOL) presentó otra iniciativa
por la que proponía la prohibición del uso de telefonía celular a las personas
alojadas en dependencias judiciales, penitenciarias y/o comisarías. También
sugirió la creación de un programa provincial para la protección de testigos e
imputados.
En la misma
comisión está radicado el proyecto de la diputada Marita Colombo relacionado
con la prevención del delito de la trata de personas. También presentó una propuesta para des federalizar los
delitos menores de droga. Mientras que Cecilia Guerrero planteó la creación de
un gabinete criminológico en el ámbito del Ministerio Público Fiscal.
En Asuntos
Constitucionales está pendiente una iniciativa del diputado Hugo Argerich que
formuló la creación de un fondo especial para la prevención del delito destinado a financiar programas de inserción
social de jóvenes en riesgo. El mismo legislador avanzó con un programa para
enfrentar el robo de celulares y el uso indebido de los mismos para la comisión
de delitos.
En la última
sesión, la Cámara de Senadores reclamó también por los proyectos que tienen
media sanción y que están paralizados en Diputados. Así el senador Jorge Agüero
reclamó por la creación de un registro de huellas dactilares y huellas
genéticas; otro proyecto de ley para la modificación del Código Procesal Penal
y uno para regular el régimen de salidas transitorias de los privados de la
libertad.
FUENTE; DIARIO EL ANCASTI
