El hecho fue condenado por el Servicio de Paz y Justicia que preside el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel.
La organización PUCARA (Pueblos Catamarqueños en Resistencia y Autodeterminación) denunció que a la policía de Antofagasta de la Sierra, por orden de la Fiscalía de Belén, ingresó en una propiedad de una familia de apellido Morales, golpeó a varios de sus integrantes y los llevó detenidos.
Según el comunicado de la organización, dos de los integrantes de la familia Morales "estarían en Comisaría y una mujer se encuentra hospitalizada y custodiada por 5 policías".
"Entendemos que el trasfondo de la brutal represión es el interés de una empresa minera que quiere hacer un camino que atraviesa las tierras de la familia Morales. Para ello, argumentan que son tierras fiscales a pesar de ser habitadas por los Morales desde hace más de 200 años", dice el comunicado.
"Repudiamos el actuar de las fuerzas de seguridad, la Fiscalía de Belén y las autoridades de Antofagasta y de la provincia de Catamarca", finaliza
Las personas detenidas son Hortensia Morales, Leonor Morales y Santiago Morales.
La historia del camino
Debido a las vibraciones que genera el paso de los camiones por los caminos del pueblo, hace un año se cayó el torreón de la entrada del pueblo bloqueando el camino. Desde entonces el intendente Julio Taritolay comenzó a negociar con la familia Morales el permiso para trazar por sus tierras un nuevo camino para el tránsito de los camiones de Minera del Altiplano hacia Salta.
Si bien la familia Morales accedió a dar el permiso, la demora de las obras necesarias perjudicó la vida cotidiana y la producción de la familia Morales haciendo que el proyecto del camino quedara suspendido, pero sin cerrarse nunca el diálogo con el intendente en vistas de una futura solución.
Integrantes de la familia Morales señalaron que, sin embargo, ayer de manera repentina, con la intervención de Vialidad, la policía allanó el lugar, alegando disponer de una orden de allanamiento librada por el juez Flores, "la que nunca fue exhibida".
Una mujer integrante de la familia relató a través de un audio que la policía en ningún momento quiso exhibir un papel donde constase la orden del fiscal de Belén, y pese a ello empezaron a desmontar los postes y los alambrados.
Agregó que había un acuerdo entre la familia y el intendente de Antofagasta de la Sierra mediante el cual la familia Morales aceptaba ceder el paso para tránsito pesado por sus tierras, pero desde el mes de abril había quedado todo en la nada. “Hicieron el paso pero no cumplieron con el alambrado, cómo había quedado el intendente”, dijo.
“Entonces el propio intendente tomó la decisión de cerrar el paso con el alambrado para evitar la pérdida de animales –agregó-. Luego hablamos con las nuevas autoridades de Vialidad y se llegó a un acuerdo común para hacer bien el paso, con alcantarilla, con guarda ganado, con todo lo necesario y recién se iba a dar el paso formalmente”.
Contó que “ayer nosotros nos encontrábamos trabajando en la tarea de esquila y de repente vemos un grupo de personas uniformadas con dos móviles y nos dicen que tenían que actuar de oficio por orden del Juez. Empezamos a pedirle los papeles para ver si era cierto y nunca no mostraron nada. Por supuesto todos los integrantes de la familia, incluida una señora de 80 años, fuimos hasta el lugar para impedir el paso de los policías porque no estaban respetando el acuerdo, pero cuando llegamos ya los policías habían sacado parte del alambrado, con el riesgo que esto significa de huida de nuestros animales. Además habían roto los postes. La policía entonces empezó a sacar a las personas por la fuerza incluido a una mujer que fue arrastrada por 5 policías varones. Además la habían golpeado, está totalmente dolorida y con muchos moretones en los brazos”.
La versión policial del hecho, por su parte, habla de agresiones por parte de los integrantes de la familia, que intentaron impedir la medida. Además, negó que haya lesionados entre la familia Morales, aclarando que la mujer se encuentra en el hospital arrestada en el Hospital porque no había otro lugar donde alojarla.
Del SERPAJ
Desde el Servicio Paz y Justicia (SERPAJ), organismo de Derechos Humanos que preside Adolfo Pérez Esquivel, emitieron un comunicado en el que expresan "preocupación por la represión sufrida por integrantes de la Familia Morales de la Comunidad Indígena la Rinconada de Antofagasta de la Sierra, Provincia de Catamarca, y vemos con preocupación el accionar represivo dispuesto por la Fiscal Saldaño, en turno en la Fiscalía Gral. de la 3ra Circunscripción de Belén. Sobre todo que no se considere el acceso a la Justicia de los integrantes de esta familia en los términos de la Acordada 4102/09 de la Corte de Justicia de la Provincia, la que aplica las Reglas de Brasilia, en particular las que garantizan el derecho a acceder a la justicia a los Pueblos Indígenas".
El escrito agrega que "en este sentido, es importante destacar que la Constitución Nacional (art. 75 inc. 17) y el Convenio 169 OIT reconocen el derecho territorial de los Pueblos Indígenas a pesar de que estos no tengan documentos legales que acrediten la titularidad dominial, dado que los Pueblos son preexistentes al Estado Nación. Respecto del caso de Antofagasta de la Sierra, se produce una situación particular, ya que dicho territorio hasta la década del 70 perteneció al Estado Nacional y posteriormente fue anexado a la Provincia de Catamarca. Por lo tanto no hay pobladores indígenas, como no indígenas que posean título de propiedad. Por ello, es muy preocupante que frente a esta situación de vulneración de derechos no se le haya dado intervención a la Dirección de Derechos Humanos de la Provincia a fin de poder dilucidar la situación de la Familia Morales, ya que no solo con lo normado por el derecho indígena tienen derecho estas personas, si no que también lo tienen invocando el derecho civil, ya que en el mismo existe un principio que sostiene la posesión vale titulo, por lo tanto los funcionarios judiciales deberían haber adoptado las medidas necesarias con el fin de evitar dicho atropello a los derechos de esta familia, ya que esta familia ha vivido desde tiempos inmemoriales en el lugar".
"Por último, hacemos responsables a las autoridades sobre la integridad física de las personas que están privadas de la libertad e incomunicadas de manera arbitraria", finaliza el comunicado.
El Ancasti
