La disputa de
Antofagasta se inició con una denuncia de Fiscalía de Estado
El organismo provincial realizó la presentación luego de que se volviera a cerrar el paso alternativo para los camiones que iban a la minera que extrae litio.
El conflicto de Antofagasta de la Sierra por un camino para el paso de transporte pesado hacia una minera que extrae litio cumple mañana una semana desde que se inició, por una denuncia de Fiscalía de Estado por usurpación.
Como ya se informó, el miércoles de la semana pasada en el marco de un controversial operativo, la Policía, por orden de la fiscal de la Circunscripción Judicial Nº 3, Verónica Saldaño, detuvo a los hermanos Hortencia, Evelia y Santiago Morales, quienes se opusieron a que les derribaran un alambrado de su propiedad para permitir el paso de camiones de tránsito pesado que se dirigen hacia el proyecto minero Fénix, que desarrolla la empresa Livent.
Si bien, como lo advirtió la familia Morales, desde antes de la intervención policial ya se había generado un marco de tensión entre la familia y el intendente de Antofagasta, Julio Taritolay, la denuncia de la Provincia terminó de empeorar toda la situación. Es que la familia y el jefe comunal habían acordado que se permitiría el paso de los vehículos, siempre y cuando la Municipalidad refaccione el lugar para que los Morales puedan seguir con su labor del cuidado de animales. El paso se permitió, pero las obras prometidas por Taritolay no se concretaron y la familia decidió volver a cerrar el paso. El jefe comunal, le había echado la culpa a la minera.
Con el cierre del paso y mediante Fiscalía de Estado, la Provincia decidió actuar para que se libere el camino. Lo hizo mediante una denuncia contra autores desconocidos. Esta denuncia fue el instrumento mediante el cual la fiscal se valió para actuar.
Desde Fiscalía de Estado defendieron la denuncia y explicaron los motivos por lo cual se realizó. En ese marco, advirtieron que se tomó la decisión de realizar la presentación teniendo en cuenta los reclamos de los pobladores de Antofagasta, quienes solicitaron un paso alternativo para estos vehículos de gran porte. El fin del planteo era despejar el camino. En ese marco, dejaron en claro que el cierre del camino era "irregular".
Además, explicaron por qué se hizo "contra autores desconocidos", al sostener que debe ser la Justicia quien determine quiénes y cuántos son los responsables del ilícito en el marco de la investigación, además de especificar las medidas o las penas a tomar contra ellos.
Sobre la titularidad de las tierras y en relación con la acusación del delito de "usurpación", argumentaron que previo a la denuncia se consultó a organismos como Catastro, que ratificaron que esas tierras corresponden al Estado provincial, situación que registra casi la totalidad de las tierras del departamento. De hecho, advirtieron que hay documentación que respalda este planteo, que se agregó al expediente.
Finalmente, desde la Fiscalía destacaron que están a disposición de lo que requiera la Justicia para avanzar en la causa.
Cuestionamientos
El abogado de la familia Morales, Walter Falcone, consideró que la denuncia que realizó el Estado provincial por usurpación es “una vergüenza, una burrada”, al argumentar que la familia tiene la posesión y el derecho de esas tierras por más que no tengan los títulos en condiciones.
También expresó su disgusto porque el Estado provincial hizo una denuncia contra autores desconocidos cuando en realidad es evidente quiénes son los propietarios de las tierras.
“El delito de usurpación es un delito doloso, es decir con conciencia, con conocimiento de que el inmueble es ajeno y perturba la propiedad de otro. Se sabe judicialmente y de hecho, en el expediente hay documentación donde hay una entrega de hace 12 años atrás del padre de esta gente que le entregaba a los hijos esas propiedades. Jurídicamente no hay usurpación”, sostuvo.
El abogado también había cuestionado el procedimiento de la fiscal Saldaño al señalar que se tomaron medidas que correspondía que las dicte un juez y además señaló que en medio del operativo se dieron órdenes verbales. “Eso es gravísimo porque fueron a apalearlos, a arrastrarlos por las piedras”, había afirmado.
Radio Abierta
Miembros de la Asamblea Pucará, que actuó en defensa de la familia Morales cuando se produjo el operativo, trajeron la protesta a la ciudad Capital, al concretar una Radio Abierta frente a Casa de Gobierno. A la jornada de protesta se sumaron otras agrupaciones y asociaciones con consignas antimineras. En la ocasión, los asambleístas cuestionaron el procedimiento judicial mediante el cual se intentó liberar el paso y se detuvo a miembros de la familia Morales. Además, cargaron contra las autoridades provinciales por su defensa de la actividad minera.
El Ancasti
