Fraude a las expectativas de un pueblo
El 8 de diciembre de 2011, a sólo dos días de que el actual gobierno provincial se hiciera cargo después de haberle ganado las elecciones al FCyS, el Profesor Horacio Machado Aráoz Docente de la UNCA, investigador del grupo de Ecología Política del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), escribía en las páginas del diario El Esquiú un ensayo que describía en ese entonces lo que él llamó una “malversación de las genuinas expectativas de la gente”.
¿De que hablaba?. El Profesor hacía referencia a la necesidad de un profundo cambio en la política minera de la provincia. Manifestó en uno de esos párrafos que la clase política catamarqueña “con sus artimañas, usan ahora el recambio político para ‘reflotar’ aviesamente las desgastadas fantasías coloniales del ‘desarrollo minero’. En lugar del cambio reclamado en las urnas, parece instalarse la profundización de un modelo que ha demostrado ser la antítesis de lo que prefiguran sus promesas. Los mismos ‘dirigentes’ que ayer -en su lugar de opositores- denunciaban los desaguisados del ‘modelo minero’, que incluso reclamaban la des-adhesión de la provincia al Régimen minero nacional, ahora se ponen al frente de los poderosos intereses del sector para dar continuidad, sin mayor maquillaje, a esta infausta maquinaria extractivista”.
Para su acusación usó como base el hecho de que quienes llegaban al poder (el FPV) habían fustigado muchas veces a Brizuela del Moral por el uso que éste le había dado a la renta minera. Entre otras cosas los dirigentes del partido proclamado como ganador, entre ellos la actual gobernadora de la provincia y muchos de sus funcionarios, criticaron a viva voz la falta de criterio del gobierno “brizuelista”; el “festival de obras y contrataciones” pagadas con el erario público, lo que provocó un clientelismo sin precedentes. La verdad es que se necesitaba un cambio.
Usando la retórica planteada por el profesor hace 6 años, razonemos juntos para ver si el cambio se produjo, o es todavía una deuda pendiente. En el escrito se menciona que el autor se mostraba escéptico al cambio. La profundización del modelo de clientelismo pagado con los dineros mineros merecía un cambio estructural de pensamiento y acción. Hasta el año 2011 el “desarrollismo minero” fue un verdadero fracaso: “No hay aparato propagandístico que alcance para ocultar la contundencia del fracaso: terminamos siendo la provincia que lidera los ránkings de pobreza, de desempleo y de población ‘asistencializada’ del país... La ‘renta minera’ ha institucionalizado el clientelismo y la corrupción”.
Quienes llegaron prometieron un cambio profundo es este sentido. Pasaron 6 años y ¿que pasó?.
De acuerdo con un informe elaborado por la consultora E&R (Economía y Regiones), Catamarca tiene 142,8 empleados en el sector público provincial por cada 1.000 habitantes, lo que la convierte en la provincia con mayor cantidad de trabajadores dependientes del Estado.
En un comparativo con la totalidad del país, Catamarca lidera el ránking de empleados públicos provinciales por habitante -no incluyéndose en ese cálculo los nacionales y municipales- y con esos números casi triplica la media nacional.
Luego le siguen La Rioja con 133,2; Jujuy 112,4; Tierra del Fuego 109,8 y Neuquén 99,7. En sentido opuesto se encuentran Buenos Aires con 34,9; Córdoba 38,1; Santa Fe 45,3 y Misiones 52,3.
Así las cosas, tenemos que darle la derecha al profesor Aráoz, nada cambió en nuestra provincia. En todo caso se profundizó el modelo que el gobierno de Brizuela del Moral comenzó. El modelo de economía basada en el saqueo extractivista planteada por la megaminería fue y es un verdadero fracaso. Y lo peor de todo es que quienes terminan pagando los desaguisados de la falta de visión política de los gobiernos provinciales, siguen siendo los que menos tienen y que prácticamente se quedaron sin voz. El texto del investigador sigue diciendo: “Viejos y nuevos ricos han surgido del ‘festival de obras y contrataciones’ pagadas con el erario público; son los beneficiarios ‘invisibles’ del clientelismo mayorista del ‘modelo’; ese clientelismo más discreto, que no provoca la ‘indignación’ ni la condena social a la que suelen estar sujetos los ‘beneficiarios de planes y bolsones’... Las causas por corrupción y/o uso indebido de regalías desbordan la capacidad (y la voluntad) punitiva del Estado. La expropiación del ‘modelo minero’ incluye el de la Justicia: garantiza la impunidad de los corruptos, mientras criminaliza a los pobladores que defienden sus fuentes de agua...”.
No parece un escrito que tenga 6 años de antigüedad. Parece escrito ayer. El ejemplo más claro es el de la comunidad de Andalgalá. Los vecinos tuvieron que llevar su reclamo por un mejor ambiente a las puertas de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, quien les dio la razón, al igual que la justicia local. A su vez el Municipio, liderado por el Intendente Alejandro Paez que es un incansable defensor del ambiente sano, propició desde el comienzo de su primera gestión el respeto por las cuencas que son el origen del agua que consume la población. En ese contexto, y en un acto de madurez intelectual y política de todos los miembros del Concejo Deliberante se creó la Ordenanza Nº 029 mediante la cual se prohíbe la instalación de proyectos mineros en la cuenca de los ríos de Andalgalá. Este, sin ningún atisbo de duda es el claro pensamiento de la mayoría de la comunidad andalgalense.
Esto provocó el contraataque del establishment vernáculo que cegado por la decepción arremetió con ideas alocadas y propias de un sector que da manotazos de ahogado para demostrar una lealtad a este fracasado modelo de consumir todo el jugo que proporciona la minería, sin el esperado “derrame a la población que verdaderamente lo necesita” y hablamos de derrame económico y mejoras en la calidad de vida de los habitantes, con el tan polémico y ridículo proyecto de Ley llamado “Coherencia Minera” con el que se pretendía que las comunidades que no quieren que el modelo contaminante y falazmente llamado de “despegue” basado en la propuesta minera, tampoco tengan los beneficios que por ley les corresponden por proyectos ya establecidos como el caso de Minera Alumbrera.
Sucede entonces que el fracasado modelo minero es lo que debe defenderse, y los pueblos que defienden su patrimonio ambiental deben ser castigados como criminales. NADA CAMBIO, lamentablemente.
Sigue enunciando en su ensayo el docente Horacio Machado Araoz hace 6 años: “El ‘modelo minero’, lejos de impulsar el ‘desarrollo’, produce ‘subdesarrollo’ estructural. Es un modelo literal e integralmente expropiatorio: de expropiación económica (de la renta y de los medios de trabajo); expropiación ecológica (de nuestras reservas críticas de minerales, de nuestras fuentes de agua y de nuestra energía); expropiación cultural (imposición de un ‘destino minero’); y expropiación política (secuestro de derechos de las poblaciones afectadas por parte de la ‘democracia de los inversores’).
Ante esta cruda constatación ‘en carne propia’, la sociedad catamarqueña ha votado mayoritariamente un cambio de rumbo y de modelo. Como parte de ella, sentimos la necesidad de advertir a los futuros gobernantes de su deber ético y político de honrar el mandato popular: continuar el ‘modelo minero’ constituiría no sólo un -nuevo- ‘fraude democrático’, sino también la malversación de una oportunidad histórica que pesará como gravosa hipoteca sobre nuestro futuro. El de toda/os.”
¿Hace falta explicación alguna? El ‘fraude democrático y la malversación de la oportunidad histórica’ está en pleno proceso, y se quiere profundizar con la instalación de Agua Rica. Ya tuvimos demasiado de mentiras. ¿Aprobaremos una nueva?
