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Denuncia Lapidaria

Escrito por Nevado Andalgala el jueves, 22 de septiembre de 2016 | 07:02

Denuncia lapidaria del Gobierno nacional por corrupción en CAMYEN

Fabricaciones Militares, dueña del yacimiento, considera que hubo maniobras que facilitaron el tráfico ilegal de la piedra en estos últimos años.


El Ancasti tuvo acceso a la denuncia que realizó el interventor de la Dirección de Fabricaciones Militares, Héctor Lostri, contra el ex funcionario camporista Santiago Rodríguez por el supuesto vaciamiento del yacimiento de Minas Capillitas. La presentación revela gravísimas irregularidades que también comprometen a CAMYEN. Y hasta se sospecha que la empresa favoreció el tráfico ilegal de la piedra.


Además, pone en discusión la política de subsidios que implementó CAMYEN, lo que habría permitido el mercado negro de la piedra semipreciosa. Se trata de una línea que también se investiga en la Fiscalía N° 6, a cargo de Marcelo Sago. Igualmente revela que el último contrato por el que se extendió el contrato entre CAMYEN y Fabricaciones Militares tiene vicios que podrían derivar en su anulación.


Lostri advierte que los hechos tienen tal gravedad institucional que podrían constituir maniobras fraudulentas, destinadas al vaciamiento del patrimonio de Fabricaciones Militares a través de acciones en las que habrían tomado parte funcionarios del Gobierno nacional y actuales autoridades de la Provincia.


Más adelante cuestiona duramente el último contrato que se firmó el año pasado, por el que se extendió la relación entre CAMYEN y Fabricaciones Militares por 10 años más. La presentación considera que se trata de la suscripción de "un contrato leonino para la explotación del yacimiento, la deliberada ausencia de mecanismos de control por parte de Fabricaciones Militares y el desvío y comercio ilegal de los minerales extraídos, sobre los que existen indicios del establecimiento de una cadena de comercialización clandestina en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.


Agrega que el perjuicio patrimonial es difícil de cuantificar ante la falta de documentación y más difícil aún de comprobación respecto de los tipos y cantidades de minerales extraídos del yacimiento. "Sin embargo, se calculan decenas de millones de pesos durante los tres años de vigencia del contrato”, señala.


Con claridad, la presentación relata la larga historia de desvíos de mineral e incluso contrabando. Recuerda que ya existe una denuncia presentada contra SOMICA DEM, que está radicada en el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N°1.


En mayo de 2013, la intervención de la Dirección General de Fabricaciones Militares (DGFM) suscribió un nuevo convenio de explotación con CAMYEN, la empresa estatal que creó la Provincia en 2012. A la luz de los hechos, esta nueva gestión de la DGFM considera que se firmó un contrato perjudicial que facilitaba maniobras tendientes al desvío de los minerales extraídos.


Más adelante, denuncia que no existe ejemplar original de la addenda al contrato en los registros de Fabricaciones Militares que se firmó a fines del año pasado por 10 años más. Únicamente se dispone de copias sin fecha, "con un dato llamativo adicional: las dos copias que se hallaron en el organismo son distintas".


Según relata, ambas se encuentran suscriptas por el ex interventor Santiago Rodríguez y el presidente de la CAMYEN, Daniel Issi, pero en cada una de las copias sus firmas presentan distinta ubicación.


A esto se agrega que en el contrato estaba prevista como tercera firma la del entonces secretario de Minería de la Nación, Jorge Mayoral. Sin embargo, Mayoral no firmó. Una de las copias tiene una firma que sería la de la gobernadora Lucía Corpacci, "cuya participación no era necesaria", expresa. "Por este motivo, se interpreta que salvo que exista un ejemplar suscripto por las tres partes involucradas dicha addenda carece de valor", considera Lostri. Lo extraño de la situación es que ese documento también estaba extraviado en Fabricaciones Militares hasta que se logró la reconstrucción.


Ante la detección de estas irregularidades se determinó el análisis de la ejecución del contrato. La denuncia sospecha que hay un mercado negro de la rodocrosita, avalado por CAMYEN, que no registraría todas las ventas.


Observa, además, que la empresa provincial no realizó ninguna de las inversiones comprometidas en el yacimiento. La sospecha más grave está radicada en que se favoreció la venta de la piedra a un precio subsidiado, que luego vendían sin trabajarla. Otros sostienen que se utilizó para que empresas dedicadas a la reventa de la piedra la adquirieran a mitad de precio.



HISTORIA


Desde 1943, la Dirección General de Fabricaciones Militares es propietaria de la existencia de minerales correspondientes al Complejo Minero Capillitas ubicado en la localidad de Andalgalá.


En el período que va de 2007-2012, la DGFM celebró un convenio con la sociedad mixta SOMICA DEM, una empresa integrada por la Provincia y capitales privados.


Esa administración fue objeto de críticas por desvíos de material y contrabando. La situación dio lugar a la sustanciación de la causa Minera Dolphin SA; López, José Oscar por contrabando", radicada en el Juzgado Nacional en lo Penal Económico.


En 2012 la Provincia crea la empresa CAMYEN e interviene SOMICA hasta llegar a la disolución.


En mayo de 2013, la intervención de la DGFM suscribió un nuevo convenio de explotación con la firma CAMYEN que se extendería hasta 2017. 


En 2015, el ex ministro de Defensa Agustín Rossi y la gobernadora Lucía Corpacci acordaron la prórroga por 10 años más. Pero la adenda del contrato no sería la que se presentó en Catamarca.


El Ancasti
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