El oficialismo
expone a la Gobernadora
El temido momento en que la corrupción comenzaría a tener efectos políticos negativos adicionales a los perjuicios sobre el erario ha llegado. Incidentes en al Ministerio de Educación y la Secretaría de Vivienda colocan al Gobierno de la Provincia, particularmente a su titular, la gobernadora Lucía Corpacci, en un brete muy comprometido.
En Educación, cobra cada vez mayor volumen el escándalo de los sobresueldos abonados a funcionarios a través de la asignación irregular de horas institucionales en Institutos de Educación Superior (IES) del interior.
La evolución de los acontecimientos contraría las proyecciones que los estrategas de Casa de Gobierno se habían trazado. Supusieron en un principio que el período de tensión que sucedería a la denuncia de la Unión de Docentes Argentinos (UDA) aflojaría por mero paso del tiempo y hartazgo de los denunciantes y de la prensa. Como esto no ocurrió, se les ofreció a los enardecidos objetores la cabeza del jefe del gabinete educativo, Aldo Creche, imputado como ideólogo del entuerto administrativo, con el objeto de blindar al ministro Daniel Gutierrez, cuyo rol en la novela vendría a ser el de inocente víctima de la malevolencia de su ex mano derecha. Incluso la propia gobernadora Lucía Corpacci se encargó de señalar a Creche como responsable exclusivo de la matufia.
Sin embargo, los hechos y el mismo Gutierrez se empecinan en contrariar el argumento oficialista. El ministro tal vez entiende que la trama urdida sobre la idea "Creche malvado/Gutierrez engañado”, ideada para protegerlo, es inverosímil y demanda una excesiva suspensión de la incredulidad del público catamarqueño. Pero la que le pertenece no es mejor: sostiene que los sobresueldos son una sucesión de "errores administrativos”, surgidos de supuestos "vacíos legales” que circundan el sistema de las horas institucionales.
No cabe cuestionar el talento de los guionistas gubernamentales. Que los dos argumentos ensayados sean igualmente precarios es menos indicio de impericia literaria que de la decisión de no admitir y desarrollar la única explicación plausible del caso: los "sobresueldos” de los funcionarios se pagaron con horas institucionales en los IES a propósito. Ni Shakespeare podría inventar una ficción más satisfactoria que esta afirmación, resplandeciente en su sencillez al no requerir el alambicado concurso de malvados Creches, "vacíos legales” o errores que, si ya eran improbables cuando la polémica reventó, se tornaron directamente increíbles cuando se confirmó en sede judicial que por lo menos 300 administrativos de la cartera educativa cobraban también sobresueldos en forma de horas institucionales en los IES.
Drenaje
Otro forúnculo ha comenzado a drenarle al Gobierno en la Secretaría de Vivienda, área en la que promiscuas relaciones entre contrataciones directas, obras públicas, empresas constructoras y corralones abonó desde siempre versiones sobre corruptelas sistemáticas.
Diputados de la oposición con Paola Bazán a la cabeza denunciaron un fraude con compras de materiales de construcción que asciende, hasta ahora, a unos 50 millones de pesos. El enjuague involucra a la ex directora de Administración del área, Silvia Quinteros; su secretaria, Jaqueline Figueroa, y la empresaria María Cisneros, titular de la empresa RAF y el corralón "San Fernando”. Quinteros y Figueroa, además de haber sido jefa y subordinada, son socias comerciales. Figueroa, a su vez, es hija y socia de María Cisneros en RAF y gerente del corralón "San Fernando”. Conforme a la investigación de Bazán, Quinteros, en su calidad de directora de Administración de la Secretaría de Vivienda, le compró al corralón "San Fernando”, en forma directa, cerca de 50 millones de pesos en materiales de construcción.
Interpuesta la denuncia penal, la Justicia allanó varios comercios ligados a Quinteros y Figueroa y secuestro todo tipo de material para nutrir la investigación. También fueron allanadas las oficinas que la Secretaría de Vivienda en el CAPE.
Al parecer, el currículum de Quinteros no es de lo más inmaculado.
La hedentina
Que la corrupción es cáncer extendido en el Estado catamarqueño no es impresión nueva. Prosperidades tan súbitas como inexplicables, junto a la desembozada ostentación de algunos vivillos y el oscuro manejo de áreas por las que pasan fortunas, han contribuido a asentar la idea de que al amparo del Gobierno operan pandillas cebadas en el saqueo del erario.
Recientes sondeos marcan el ascenso de la inquietud por la corrupción en la opinión pública. Los casos de Educación y la Secretaría de Vivienda configuran, en tal contexto, un quiebre: de la sospecha se ha pasado a la convicción; ya no se trata de más o menos abstractas especulaciones, sino de hechos concretos, imposibles de desmentir. Son perfectamente identificables los focos que tiran la hedentina a corrupción
El rumbo que toman los acontecimientos coloca a la gobernadora Lucía Corpacci en una situación de extrema incomodidad.
Quizás imbuida de excesivos sentimientos maternales, la mandataria se resiste a tomar decisiones terminantes y protege a los funcionarios bajo sospecha. Tan tierna actitud no tiene correlato en su recíproca: los funcionarios se aprovechan de la paciencia de Corpacci para aferrarse a sus poltronas, sin la mínima consideración acerca del daño que sus tropelías provocan. En lugar de renunciar, empujan a la Gobernadora a que los despida, con los costos consecuentes.
El bloque de diputados del FCS elevó un pedido de informes a la Gobernadora en el que esta dinámica se establece con claridad. Como Corpacci atribuyó la responsabilidad por los sobresueldos en Educación exclusivamente a Aldo Creche, los legisladores le exigen que explique de dónde sacó tal hipótesis. Le recuerdan que la "teoría del delito” contiene la figura del "autor intelectual”, que vendría a ser Creche, pero también las de los "cómplices” por acción u omisión, y le advierten que de no dar respuesta satisfactoria a las inquietudes planteadas la harán objeto de planteos judiciales. Con toda intención, consignan que, en la reunión que mantuvo con los integrantes de la comisión de Educación de la Cámara baja, el ministro Gutierrez insistió en la cantilena del error administrativo y los vacíos legales, pero nada dijo de las culpas que la Gobernadora atribuye a Creche.
Prefiguraciones
A la oposición no le interesa el devaluado Gutierrez, sino Corpacci. Y si Corpacci es el blanco, ya el oficialismo no estará en condiciones de seguir haciéndose el sota como hasta ahora, con la intención de que el escándalo de los sobresueldos quede encapsulado en Educación, pues la sombra de la corruptela se proyectará sobre todo el Gobierno. Conclusión: la protección del cuero de Daniel Gutierrez termina por comprometer a toda la gestión gubernamental.
En el caso de la Secretaría de Vivienda, los locuaces alfiles políticos del peronismo han mostrado la misma prescindencia que en el de Educación, como si fuera indiferente al Gobierno. Pero el incidente específico de una funcionaria y sus secuaces enganchados en falta podría adquirir inusitado poder erosivo si la oposición consigue poner en cuestión toda la política de obras públicas gubernamental desarrollada al amparo del kirchnerismo, sobre la que pesan fundadas sospechas.
Se ha señalado ya cómo las causas por corrupción que se le siguen a varios ex funcionarios kirchneristas a nivel nacional podrían tener inconvenientes correlatos locales. La Casa Rosada proveía financiamiento, pero designaba también a la empresa que se beneficiaría con la obra. Al funcionariato local le tocaba amañar las licitaciones y sustanciar los trámites para que todo saliera de acuerdo con el paladar nacional, incluidas las certificaciones de obra para habilitar los pagos.
Una reciente declaración del ex ministro de Planificación Julio De Vido, acusado por una serie de obras millonarias en la provincia de Santiago del Estero, puso muy nerviosos a ciertos personajes catamarqueños que pusieron la firma en trámites irregulares por orden de la Nación. No lo habrán hecho gratis, por supuesto; algo habrán tragado entre tantos buches, mientras alegaban obedecer las directivas de la Nación. Pero resulta que ahora De Vido dice que no tiene nada que ver con las obras santiagueñas investigadas, ya que se limitó a proporcionar la plata, sin intervenir en las adjudicaciones ni controles de ejecución. Qué macana si los amigos de los otrora hospitalarios despachos nacionales hacen lo mismo que De Vido si les toca ser investigados por alguna obrita en Catamarca.
Cabe preguntarse si, llegado el caso, los oficialistas asistirán impávidos a procesos similares al de Educación, en el que el blindaje a un ministro ha dejado expuesta a la propia Gobernadora.
CAJÓN
Prosperidades tan súbitas como inexplicables, la desembozada ostentación de algunos vivillos y el oscuro manejo de áreas por las que pasan fortunas, han contribuido a asentar la idea de que al amparo del Gobierno operan pandillas cebadas en el saqueo del erario.
El Ancasti
