Denuncian deuda
millonaria de la Secretaría de la Vivienda
REMANENTES DE LA GESTIÓN DE OCTAVIO GUTIÉRREZ AL FRENTE DEL ORGANISMO
Solo uno de los denunciantes sostiene que le deben más de $2 millones. Los recibió el ministro de Gobierno.
Al menos catorce empresas constructoras y cooperativas locales firmaron un documento dirigido a la gobernadora Lucía Corpacci para pedirle que intervenga en su reclamo. Denuncian que la Secretaría de la Vivienda, durante la gestión de Octavio Gutiérrez, les generó una deuda "millonaria e incalculable" por certificados de obra y fondos de reparo que no se pagaron. "Tenemos deudas con corralones, con prestamistas y hasta con nuestros obreros. No nos pagaron obras terminadas, y algunos certificados no se nos pagaron por orden de Gutiérrez", señaló Fernando López Giménez, titular de Frontera SRL, una de las empresas que firmó el documento. Por su parte, integrantes de la Cooperativa La Luciérnaga aseguraron que "apoyamos al Gobierno en la campaña y ahora no nos pagan". Comentaron que tuvieron que "apurar obras para que fueran inauguradas". Fueron recibidos por el ministro de Gobierno, Gustavo Saadi (ver aparte).
Las empresas Frontera SRL, Pirka SRL, Condor Huasi, La Nueva Frontera SRL, Empresa Constructora Karina Alanís, RAC SRL, Empresa Constructora Jorge Lobo, Obras Catamarca, Empresa Constructora Felipe Navarro y las cooperativas 27 de Octubre, 20 de Marzo, Juan XXIII, La Luciérnaga y Renacer Catamarca fueron las que presentaron el documento ante la Gobernadora en reclamo por certificaciones de obra, redeterminación de precios (actualización) y fondos de reparo (compensación por el impuesto al cheque) adeudados por la Secretaría de la Vivienda. Sin embargo, aseguran que en el interior provincial hay más empresas y cooperativas perjudicadas.
"Para poder terminar y entregar las obras entramos en deuda con nuestros proveedores, incluso con prestamistas. Sufrimos amenazas de todo tipo por el dinero que debemos y no tenemos para pagar porque la Secretaría no nos paga. Incluso me consta que algunos certificados no se pagaron por orden de (Octavio) Gutiérrez, y solamente a mí me deben más de dos millones", dijo López Giménez a El Ancasti. En ese sentido, comentó que la deuda es por obras entregadas y obras en ejecución en Capital, Capayán, Pomán, Saujil, Tinogasta, entre otras.
Por su parte, Miriam Fresco, de la cooperativa La Luciérnaga, comentó que la situación es "crítica y caótica". "Estamos vendiendo las herramientas para poder subsistir. Nos amenazan los corralones para que les paguemos. Tuvimos que sacar préstamos. Nosotros dejamos todo por este Gobierno, los apoyamos en la campaña. Apuramos obras para que las puedan inaugurar y ahora reclamamos lo que nos corresponde. No puede ser que tengamos una demora de cuatro a seis meses para cobrar, si es que cobramos", dijo Fresco.
Por otra parte, comentó que ya pidieron audiencias "hasta el cansancio" con los funcionarios y que solamente fueron recibidos por Dante López Rodríguez, administrador del IPV y funcionario a cargo de la Secretaría de la Vivienda, y por Sergio Díaz Martínez, de la Secretaría, pero que no pudieron tener respuesta a su reclamo. "Lo único que queremos es que Octavio Gutiérrez se haga responsable de los que hizo", agregó.
El documento que firmaron los empresarios y responsables de las cooperativas reza que, de no conseguir respuestas, solicitarán "al presidente Mauricio Macri que envíe a la Provincia veedores en carácter urgente para que reciban pruebas de lo expuesto".
Compromiso de Saadi
Los empresarios y representantes de las cooperativas fueron recibidos por el ministro de Gobierno y Justicia, Gustavo Saadi. Según explicaron, el ministro escuchó sus planteos y les comentó que desconocía la situación y se comprometió a iniciar una investigación sobre la deuda planteada.
"Nos comentó que no sabía nada de las demoras en los pagos, o de que ni siquiera nos pagaban. Dijo que desconocía que hubiera alguna maniobra, pero se comprometió a elevar el petitorio que hicimos a Fiscalía de Estado para que se encarguen. Nos dijo que iba a hablar para ver dónde estaba ese dinero", explicaron los empresarios.
Por otra parte, comentaron que se comprometió a dar solución a un arquitecto de una de las empresas, que se encuentra "sin cobertura médica producto de la deuda de la Secretaría".
INCALCULABLE
Aseguran que la deuda que les generó la Secretaría de la Vivienda es incalculable ya que cada corralón actualiza los precios al momento de pagar y, además, poseen deudas con algunos prestamistas.
El Ancasti
