Los culpables de la Argentina saqueada
Este viernes, revista Noticias
sale con los tapones de punta con el tema saqueos. Con el título “Quiénes son
los culpables de la Argentina saqueada”, la publicación asegura que la
responsabilidad de lo ocurrido depende de varias patas. Por un lado, la
policía, pero también la política y ciertos vacíos de poder. Dice Noticias:
Revista Noticias
Los tres principales asesores
de Jorge Capitanich en la Jefatura de Gabinete son contadores públicos y dos de
ellos obtuvieron sus posgrados en el noventista Centro de Estudios
Macroeconómicos, CEMA. El viceministro de Gabinete, Carlos Alberto Sánchez, por
ejemplo, sabe de seguridad social y economías regionales. La actual
subsecretaria de Gestión y Empleo Público, Mónica Zorrilla, es coautora del
libro “Federalismo fiscal y coparticipación federal (Una propuesta para la
transformación de la relación Nación-provincias)” junto al propio Capitanich y
Axel Kicillof, hoy ascendido a ministro de Economía. El secretario de
Evaluación Presupuestaria, Fabricio Bolatti, viene del Frente Grande de Chaco pero
su especialidad es la modernización del Estado.
Es decir, los tres están
entrenados en administraciones y presupuestos provinciales, en parte origen del
problema de los violentos saqueos. Y están prevenidos, por experiencia, ante
eventuales reacciones sociales en cadena. Por eso, desatada la rebelión
salarial de la Policía cordobesa el martes 3 de diciembre –acuartelamiento en
distintas localidades de la provincia, saqueos y vandalismo en supermercados,
personas heridas y hospitales colapsados–, previeron la emergencia de enviar
fuerzas de Gendarmería al distrito en llamas.
Aconsejaron “cortar por lo
sano” como cuando Daniel Scioli acordó con Sergio Berni establecer un comando
antisaqueo en el cruce estratégico entre la autopista Ricchieri y el Camino de
Cintura.Capitanich coincidió, pero no podía avanzar por su cuenta. Recordó que
el año pasado, Cristina Fernández había prometido que no se enviarían más
gendarmes a “las provincias en problemas” (en respuesta a la muerte de nueve
efectivos de la Gendarmería en un accidente de tránsito, trasladados luego de
reprimir una violenta protesta petrolera en Cerro Dragón, Chubut).
Al mismo tiempo –mientras se
generalizaban los disturbios en Córdoba capital–, el secretario Carlos Zannini
le transmitió al jefe de gabinete una orden presidencial: “De ninguna manera
nos podemos hacer cargo de los desmanes de una policía vinculada al
narcotráfico. Los gendarmes, en donde tienen que estar”, justificaba
Cristina.Lo que siguió fue una secuela de hechos dictados por el descontrol de
la situación. El gobernador José Manuel de la Sota debió regresar de urgencia
al país desde Panamá y sobreactuar sus confusos pedidos de auxilio al gobierno
nacional. El secretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni, desembarcó
tres días después en la provincia con 1.200 gendarmes por un acuerdo urgente
entre De la Sota y Capitanich que revertía la primera orden presidencial.
A pesar de la recomendación de
al menos dos de sus ministros de saltear la “fiesta popular” prevista por el
oficialismo para el martes 10 –no del acto formal por los 30 años de
democracia–, Cristina se empecinó en hacerla tal cual ella lo había imaginado:
bailó y tocó el tamboril.Fue el día en que se confirmaba un saldo provisorio de
ocho muertos y se generalizaban zonas liberadas, saqueos y actos delictivos en
otras seis provincias. Según Berni, tuvo que pasar varios días sin dormir. A
algunos lugares, como Rosario o Chivilcoy, fue él mismo piloteando el
helicóptero de Gendarmería. En Seguridad no pensaron que el conflicto iba a
escalar tanto, aunque vienen alertando desde hace tiempo que los sueldos de las
fuerzas son bajísimos, y que la baja cantidad de efectivos de Gendarmería es
una deuda pendiente del oficialismo.
El periodista Horacio
Verbitsky, a quien no se podría acusar de formar parte de ninguna
“desestabilización” como la que terminó denunciando Capitanich, dijo: “Esto
mide la fragilidad del terreno sobre el que está asentada la democracia que
esta semana cumple 30 años –escribió en Página 12–, también la magnitud y la
diversidad de conflictos siempre prestos a manifestarse en cuanto una merma en
el crecimiento macroeconómico y la generación de empleo exacerba ánimos y
requerimientos”.
A la hora de establecer las
culpas del estallido, las interpretaciones discurrieron entre la toma de
partido política –a favor o en contra del Gobierno– y la demonización de sus
eventuales promotores –la Policía, De la Sota, Sergio Massa, las 4 x 4, el
“modelo”, el narcotráfico, las mafias del delito, etc.–. Como se trata de un suceso
de carácter complejo y claramente multicausal, convendrá no perderse en los
atajos:
La responsabilidad policial.
Los salarios básicos de las fuerzas de seguridad provinciales, hasta los
recientes aumentos arrancados “a punta de pistola”, estaban fijados entre 280 y
4.500 pesos según la jurisdicción. Eran, hasta entonces, los empleados públicos
peor pagos y el menos favorecido por la disparidad salarial y el pago en negro
de las distintas administraciones.
Hasta ahora, los ajustes
acordados van desde los 3.500 hasta los 9.000 y 10.000 pesos de bolsillo si se
toma en cuenta lo negociado en estos días en diez provincias. Sin embargo, esa
postergación y estos aumentos –bastante por encima del nivel inflacionario
real– no podrían justificar una Policía autónoma del poder político ni
atribuirse el establecimiento de “zonas liberadas” ni presionar por
reivindicaciones a través de métodos “sediciosos”, fuera de la ley. Tampoco es
admisible reconocerle un carácter de “grupo de presión” que, como el de ciertos
jueces, se arrogan el derecho de rebelión cuando el poder político se desgasta
y entra “en retirada” hacia un gobierno de otro signo. Una fuerza vertical y
armada no debería estar dirigida por personajes incapaces de ejercer la
autoridad o peor, sospechados de vínculos con barrabravas, narcotraficantes y
mafias vinculadas a todo tipo de delitos. Aunque fueran justificados sus
reclamos salariales, no sería admisible el travestismo institucional para
conseguirlo. Habría que darle razón al oficialista juez de la Corte Suprema
Raúl Zaffaroni: “Es una deuda de la democracia no haber repensado la Policía”.
La reacción política fue mala y tardía.
El vacío de los gobernadores.
De la Sota, como tantos otros mandatarios –incluidos los alineados con la Casa
de Gobierno– vienen subestimando los estragos sociales provocados en sus
provincias por el reparto discrecional de los recursos que se recaudan, el
efecto inflacionario de la economía oficial y la ausencia de una política
pública de seguridad capaz de retener el monopolio de la fuerza en el Estado.
En este último caso, los gobernadores no han ido más allá de exigir la
aplicación de la ley de seguridad interior que obliga a la Nación a ir en
auxilio de las jurisdicciones en riesgo. Y mientras tanto, se han acostumbrado
al poder de turno y adaptado a sus caprichos y condicionamientos, aun en contra
de los intereses de sus representados.
Al unitarismo fiscal de la
Nación no se le replicó con el federalismo de las alternativas de inversión y
mayor productividad a no ser la recepción pasiva del “salvataje”
discriminatorio de la Nación con sus obras para los “amigos”. Así, el empleo
público sirvió para disimular el desempleo y la falta de trabajo. El
clientelismo congeló los salarios públicos en niveles miserables. Y a los
reclamos de coparticipación de impuestos –una deuda que va a cumplir 20 años
sin saldarse– le siguió el conformismo del módico reparto del Fondo Federal
Solidario extraído del 30% de las retenciones a la soja.
Ni el crítico De la Sota, ni
el feudal José Alperovich, ni el oficialista Martín Buzzi, ni el cristinista
Sergio Urribarri, y tampoco el alineado Jorge Sapag, fueron capaces de recoger
los previos indicios de intranquilidad social que recorrían sus provincias.
Hasta que estallaron en una sola oleada de frustración y promesas incumplidas.
Los que dieron aumentos, tienen pensado pasarle la factura a la Nación.
Capitanich ya anticipó: “Tenemos recursos limitados para prevenir incidentes”.
Se refería a la supuesta “pueblada” que difunden las redes sociales para el 19
y 20 de diciembre.
