A medida que se conocen detalles del desalojo de la familia Morales en Antofagasta de la Sierra para beneficiar a la empresa Livent, que extrae litio del Salar del Hombre Muerto, se hace más evidente la torpeza del accionar judicial, que se precipitó tras un planteo por usurpación realizado por la Fiscalía de Estado de la Provincia.
El violento incidente desencadenó el cruce de versiones.
Los Morales aseguran que el intendente de Antofagasta de la Sierra, Julio Taritolay, no cumplió con hacer las obras que les había prometido para preservar a sus animales, única condición que habían puesto para permitir el paso de los camiones de la Livent por sus tierras.
Taritolay dice que la empresa Livent no le suministró los materiales necesarios para hacer tales trabajos, como se había comprometido, pero de todas maneras subrayó que uno de los miembros del clan Morales decidió romper unilateralmente el acuerdo de liberación del paso al que se había arribado en principio.
La empresa a la que el desalojo beneficia no ha dicho todavía nada. Tampoco el Gobierno de la Provincia, interesado en atenuar y revertir la resistencia a la actividad minera.
Walter Falcone, abogado de los Morales, consideró que hablar de usurpación en el caso de sus clientes "es una vergüenza, una burrada histórica social y jurídica”.
“Estas son tierras ancestrales, la familia Morales lo tiene documentado hace mucho. Eran tierras que estaban cerradas y alambradas desde hace más de 20 o 30 años. Entonces, es un predio poseído por una familia particular . Es la casa paterna donde vive la madre de la familia de 78 años- que fue agredida- es una casa que tiene unos 60 o 70 años y un poquito más arriba está la casa de los abuelos. Hay una posesión antiquísima, son pocos habitantes que tienen dominio perfecto", explicó.
"Este respeto a la posesión afectiva siempre ha existido. Si no fuera así ¿por qué le fueron a pedir permiso las autoridades de la Municipalidad y de la Provincia para hacer el camino por el campo? Ese es un reconocimiento categórico de que es una tierra de ellos, porque si fuera de la Provincia o la Municipalidad pasan directamente, pero fueron a pedir permiso. Hay un reconocimiento a la posesión y a las acciones que genera la posesión, hay un derecho", concluyó.
La lógica del razonamiento parece impecable ¿Por qué el Estado y la empresa habrían de pedir autorización de tránsito y entrar en tratativas con unos usurpadores?
Lo que más llama la atención es el expeditivo proceder de la fiscal subrogante Verónica Saldaño. Podría exhibirse como una virtud si no fuera por el contraste con la morosidad demostrada por la Justicia en la gran mayoría de los casos y por el hecho de que la familia blanco del desalojo no se negaba al paso del camino por su tierra y solo pedía que les cumplieran con lo que les habían prometido.
La reacción de los Morales es más que comprensible. Cualquiera se hubiera rebelado ante una intrusión como la perpetrada por los policías enviados a cortarles los alambrados.
Saldaño se apresuró en satisfacer las pretensiones del Estado provincial y de la empresa Livent. Habilitó el atropello y detonó un escándalo que es más vergonzoso por las muy apreciables diferencias de la talla de las partes: operó, con notoria y extraordinaria celeridad, en contra de una familia a la cual el poder le había mentido. Favoreció al fuerte contra el débil y desnaturalizó de tal manera, ostensiblemente, la función de la Justicia.
Resta ver si el Poder Judicial como institución reacciona ante esta evidente muestra de parcialidad o elige, con la prescindencia, la complicidad con el abuso.
Porque acá hay que resaltar que si de la fiscal dependiera, los Morales estarían presos y despojados. Es la visibilización de su caso lo que los salvó. El escándalo, no la Justicia.
El Ancasti
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