Minera Agua Rica, propietaria de los derechos sobre el yacimiento Agua Rica, opera fuerte a favor del esquema del Frente de Todos en la elección municipal de Andalgalá, frente al cual Miguel Morales va como candidato a intendente en contra del radical Eduardo Córdoba.
El financiamiento de la firma al diseño peronista obedece a la necesidad de voltear la ordenanza que prohibió la minería a cielo abierto, aprobada por unanimidad por el Concejo Deliberante de la Perla del Oeste en septiembre de 2016, que el intendente Alejandro Páez, actual presidente de la UCR y cabeza de la lista de diputados provinciales de Juntos por el Cambio, promulgó sin vetos.
La normativa fue objetada judicialmente y aguarda resolución de la Corte de Justicia. Es uno de los tantos obstáculos que se alzan ante el megaemprendimiento minero, tal vez el de más arduo desmonte, expresión de la falta de licencia social que la minería tiene en el departamento.
Agua Rica estima que un resultado favorable al peronismo este domingo le permitirá reunir el consenso necesario para que el Concejo Deliberante revierta la ordenanza antiminera y que Morales, en caso de llegar a la intendencia, podría plantear un proyecto en tal sentido desde el Ejecutivo Municipal en cuanto asuma, si es que el debate no se desencadena por iniciativa de alguno o algunos de los concejales.
El respaldo logístico y económico a la propuesta liderada por Morales se perpetra con absoluta discreción. La controversia minera es tan álgida en Andalgalá, la resistencia a la actividad tan fuerte, que las facciones en brega prefieren omitirla.
Páez, el intendente saliente, no pudo ir por su reelección por imperio de la Carta Orgánica. Su esposa, Ivana Flores, se postuló para sucederlo pero perdió las primarias. Ambos provienen de la militancia antiminera, inclinación que no impidió a Páez usufructuar de las regalías durante sus dos gestiones.
De todas formas, cumplió con promulgar la ordenanza, que establece en su primer artículo: “Prohíbase la actividad minera metalífera (oro, cobre, plomo, plata, etc.), en la modalidad denominada a cielo abierto o a tajo abierto, y la actividad minera de minerales nucleares, uranio y torio, bajo cualquiera de sus formas, en la modalidades a cielo abierto o por galería, en yacimientos descubiertos o a descubrirse, en todas sus etapas: cateo, prospección, exploración, explotación, desarrollo, preparación, extracción y almacenamiento de sustancias minerales, en toda la extensión de la Alta Cuenca Hídrica del Río Andalgalá, Provincia de Catamarca”.
Un tajo en la yugular megaminera. Los extensos fundamentos de la norma incluyen un informe encargado por la Municipalidad de Andalgalá a la Universidad Nacional de Tucumán. Consigna que “si bien el Municipio de Andalgalá no es la autoridad de aplicación de las leyes mineras, es el principal actor del estado en el área de emplazamiento del proyecto y por lo tanto, responsable en dar respuestas a la población, debiendo resguardar por los intereses de la comunidad y propiciar un desarrollo sustentable en todo el ámbito regional”.
Como es sabido, la Corte Suprema de Justicia de la Nación anuló el informe de impacto ambiental que la Secretaría de Minería de la Provincia le había aprobado a Minera Agua Rica y ordenó hacer otro con la participación de la comunidad andalgalense.
Desde la óptica de la minera, una victoria del peronismo el domingo sería señal de que el sentimiento antiminero empieza a mermar en Andalgalá. Tal lectura no puede darse por sentada de inmediato porque el debate no se ha planteado a cara descubierta ante el electorado andalgalense, pero el compromiso de los candidatos peronistas sería avanzar en la derogación de la ordenanza. El éxito electoral aceitaría los canales, especulan los mineros, para gestionar consenso comunitario al nuevo informe de impacto ambiental, indispensable para desarrollar el proyecto.n
El Ancasti
