La reestructuración de las carreras en los Institutos de Educación Superior (IES) detonó una rebelión de alumnos y docentes, con el pico de tensión más alto en Andalgalá, donde alumnos y profesores están en pie de guerra y eslabonan tomas del edificio y protestas. Como se sabe, por resolución ministerial 934/18, el Ministerio de Educación dispuso la apertura de 25 carreras nuevas y la interrupción de las inscripciones en 34.
Las reacciones adversas son indicio de fallas en el procedimiento institucional. Más allá de lo razonable o no de la resolución, es evidente que no existieron gestiones tendientes a construir consensos en las comunidades afectadas.
Los cambios fueron sorpresivos, o no explicados lo suficiente, y de ahí el conflicto. No se dieron a conocer, por caso, los análisis técnicos que sustentaron el decreto, cosa que tal vez hubiera contribuido a atenuar las protestas.
De cualquier manera, los incidentes coyunturales reponen en el debate público un problema estructural del sistema de educación superior que lleva años sin abordarse con seriedad, cuyo principal componente es la creación de carreras sin los estudios de factibilidad pertinentes, en función de objetivos electorales, la persecución de prestigio por parte de los responsables de las instituciones o meras ocurrencias alumbradas a ojo de buen cubero.
“Muchos rectores creían que se expandían y se jerarquizaban, y entonces asumían carreras que no tenían ni aprobación por resolución ministerial y tampoco del Instituto Nacional de Educación Técnica (INET) ni del Instituto Nacional de Formación Docente (INFOD). Allí nacieron los grandes problemas del otorgamiento de títulos. Incluso hay alumnos que pasaron 8 años sin recibir su título debido a que había divisiones creadas sin resoluciones ministeriales”, contó un ex funcionario del Ministerio de Educación.
El resultado de semejante método de apertura de carreras no podía ser otro que el caos en curso, que la cartera de Educación pretende resolver a través de una resolución, sin un debate profundo que involucre a las comunidades educativas y, obviamente, al sector docente, que es de los más leguleyos y conflictivos.
En este sentido, ADUCA ya tomó la iniciativa.
“El ministro (Daniel Gutiérrez) no ha querido, no ha sabido, o no tiene un informe fundamentado para mostrar a las comunidades educativas y a la ciudadanía en general en donde se argumente acabadamente el por qué del cierre de carreras como parte de un plan sistemático y a largo plazo de mejoramiento de la calidad educativa en la provincia, menos aún de la educación en el nivel superior”, dijo el gremio.
"Tampoco se muestran y revelan los estudios de factibilidad para la apertura de nuevas carreras terciarias ¿Quiénes la hicieron? ¿Cuáles son las variables sociales, económicas y educativas que se tuvieron presentes? ¿Cuál fue la participación que tuvieron los docentes y la comunidad educativa en la proposición de éstas? En definitiva, ¿de quién o de quiénes fue la ocurrencia? Nada de esto se sabe. Dicen, vaya a saber la veracidad de los rumores, que los rectores realizaron las propuestas”, añadió.
Sería bueno que Educación aclare bien aclarados estos puntos. La seriedad de la recomposición del sistema está en duda y hay precedentes que no inducen justamente a confiar en el funcionariato del área.
Hace una semana, El Ancasti informó sobre la existencia de 32 carreras técnicas abiertas en 2014 que todavía no tienen validación nacional, entre ellas la Tecnicatura en Economía y Desarrollo Local lanzada en Antofagasta de la Sierra, cuya validación fue rechazada.
La raíz del problemas es burocrática, mera ineficiencia y desidia. El Ministerio de Educación no hizo los trámites correspondientes, porque en 2014 se decidió que todas las tecnicaturas de los IES fueran administradas y organizadas por la Dirección de Educación Técnica, área que carecía de competencia para el nivel superior.
El Ancasti
