Ahora, Asesoría General de Gobierno debe determinar si se sancionará o no a los agentes implicados.
Luego de que se conociera que la Justicia avanzó en la investigación penal contra los docentes capitalinos que fraguaron licencias médicas y que fueron descubiertos que habían viajado al exterior (la mayoría al Mundial de fútbol de Rusia), EL ANCASTI conoció que la dirección de Asuntos Jurídicos del ministerio de Educación también culminó con su etapa investigativa y hace varias semanas ya envió toda la investigación (con las pruebas y defensas de los docentes incluidas) hacia Asesoría General de Gobierno. Desde allí se deberá tomar una decisión respecto a la posible sanción o no de los docentes implicados, que son 5 de Tinogasta y 2 de la Capital. A su vez los docentes implicados siguen separados de sus cargos y sin goce de haberes como lo hacen desde julio cuando salió a la luz el escándalo por los viajes al exterior, especialmente para ir al mundial de Rusia.
Fuentes del área jurídica del ministerio de Educación comentaron a este diario, que el proceso de sumario para los docentes culminó hace algunas semanas y fue girado inmediatamente a Asesoría General de Gobierno tras concluir la etapa investigativa en la faz administrativa. A su vez remarcaron que fue la Dirección de Asuntos Jurídicos quien informó a la Justicia la situación de los docentes para que se avance con una sanción penal, mediante otra vía procesal.
Según se explicó, la normativa estipula que una vez concluido el proceso sumarial por parte de Asuntos Jurídicos de Educación deben elevar todo lo actuado a la Asesoría General de Gobierno. De esta manera y con las actuaciones concluidas, el ministerio de Educación perdió competencia y ahora la responsabilidad le cabe a este organismo, que depende directamente de la Gobernación de la Provincia.
Esta área será la que deba disponer de un dictamen final que también deberá estar autorizado y firmado por la propia Gobernadora, Lucía Corpacci. La determinación se tomará en base a las conclusiones del informe de Asuntos Jurídicos, que se realizaron en base a las pruebas recolectadas durante el proceso de sumario.
Anteriormente, la propia directora de Reconocimientos Médicos Docente, Analía Leiva, había señalado que a los docentes podría caberle la exoneración, lo que sería el mayor castigo, aunque las fuentes consultadas por este diario señalaron que también podrían darse castigos menores, como suspensiones sin goce de haberes.
Por otra parte, se pudo conocer que en Educación solo se quedaron con el informe de Migraciones y no chequearon los pasaportes de los docentes como lo hizo la Justicia, debido a que no tienen facultades para realizar allanamientos o exigir ese tipo de documentación. Ayer este diario informó que la investigación penal también está cerca de concluir.
El Ancasti
