Andalgalenses en la
Tercera Asamblea General del Concejo Consultivo y Participativo de los Pueblos
Indígenas
Andalgalenses participaron en Buenos Aires de la Tercera Asamblea General del Consejo Consultivo y Participativo de los Pueblos Indígenas de la República Argentina (CCPIRA).
En su calidad de “amautas” y representantes de Catamarca, Juan Carlos Allosa y otros integrantes de la Comunidad Diaguita de Andalgalá, participaron en de Buenos Aires, de la Tercera Asamblea General del Concejo Consultivo y Participativo de los Pueblos Indígenas de la República Argentina (CCPIRA).
En la oportunidad, los principales referentes de este espacio, brindaron informe sobre las actividades concretadas durante el presente año y se debatió y trabajó, acerca de la propuesta de Ley para la reglamentación de la propiedad comunitaria, como así también el abordaje de las problemáticas en los diferentes territorios.
Este es un proyecto ambicioso que viene avalado por la voluntad política del gobierno de turno. “Se trata de poner en rango constitucional todas las normativas que la Argentina ha firmado en los tratados internacionales, en el convenio 169 de la OIT, los derechos de los pueblos originarios de la ONU, los derechos de los pueblos originarios de la OEA, todo eso estaba resumido en la Constitución Nacional en el artículo 17 inciso 75, en algo muy cortito y escueto, ahora va a ser una ley donde se aclara todos los detalles tal cual lo firmaron en ese momento todos los países, había muy poco por corregir, salvo agregar algunos detalles que quedan estudiándose, muchas propuestas de correcciones de alguna palabra, que las comisiones van a trabajar sobre ello, y calculamos que el próximo año ya va a estar presentado en Diputados”, mencionó Allosa.
En este contexto, destacó la importancia del proyecto de ley, afirmando que “creo que esto es necesario, que la Argentina pueda respetarnos, porque son los tratados de los cuales se ha comprometido, el tratado 169 de la OIT no se estaba cumpliendo como se debía, eso trajo una serie de inconvenientes”.
“Por ejemplo las comunidades originarias no tenían bien definido sus territorios, y a los que se les otorgaban no podían llegar a tener beneficios porque estaban amparados bajo la ley 26.160 que sólo reguardaba a las comunidades por un tiempo, si en algún momento algún gobierno no vuelve a ratificar esa ley las comunidades quedaban en la calle, esto viene a arreglar todo este sistema que estaba hecho en forma incompleta”, agregó.
