Ordenan inhibir los
bienes de los involucrados
Silvia Quinteros, Jacqueline Figueroa y María Cisneros, entre otros, no podrán disponer de propiedades y pertenencias.
Días pasados el fiscal Marcelo Sago dispuso la inhibición general de bienes para varios de los involucrados en el fraude a la Secretaría de la Vivienda, que fue denunciado por la diputada Paola Bazán (FCS).
La medida alcanza a la ex directora de la dirección de Administración Contable y Financiera de la Secretaría de la Vivienda, Silvia Alejandra Quinteros, y para un familiar directo de la ex funcionaria, Oscar Quinteros. También es para la ex secretaria de Quinteros y socia en los negocios privados Jacqueline Elizabeth Figueroa de Moreno y otro familiar de esta última, Maximiliano Figueroa. Y además para la madre de Figueroa, María Margarita Cisneros, socia gerente de RAF S.R.L. De igual modo, la resolución de Sago incluye a las firmas RAF y Las Kumpas S.R.L.
Se trata de una medida cautelar por la que las personas y sociedades mencionadas no pueden vender ni efectuar otras transacciones con sus bienes. En general, este tipo de medidas se pide a los fines de realizar un embargo preventivo.
Según pudo averiguar EL ANCASTI, la orden judicial ya fue girada al Registro de la Propiedad y al Registro Automotor, entre otros, para evitar transacciones con los bienes.
Mientras tanto, la Justicia continúa la investigación porque a "prima facie" considera que se cometieron actos de corrupción en contra de la administración pública.
De acuerdo con la información a la que accedió este medio, la Justicia puso la lupa en las contrataciones que la secretaría de la Vivienda realizó al corralón que pertenece a RAF SRL. En este caso, en el marco de la supuesta emergencia habitacional, la Vivienda entregaba un vale a los beneficiarios, quienes retiraban el material del corralón y luego le cobraban a la Vivienda. El organismo oficial realizaba varias contrataciones pequeñas para evitar el llamado a licitación. La funcionaria supuestamente favorecía a Figueroa y su madre que conformaron la empresa para venderle al Estado.
El Tribunal de Cuentas ordenó realizar una auditoría técnica, contable y jurídica que debería cumplimentarse en un plazo de 30 días.
