La promesa de enviar dinero para reactivar la obra pública catamarqueña, lanzada el pasado miércoles por el ministro del Interior Rogelio Frigerio, tiene sus bemoles.
Por lo que nos dijo una alta fuente nacional, la Casa Rosada quiere las rendiciones de cuenta de los organismos que recibieron dineros públicos para la construcción de viviendas o ejecutar mejoramientos habitacionales que, en los últimos cuatro años, fueron miles y miles. Lo que parece una tarea sencilla, sin embargo, no lo será. En el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) no habría mayores inconvenientes para actualizar la documentación, cosa que no ocurre en la secretaría de Vivienda, donde según supo aceptarlo Octavio Gutiérrez, su extitular, “hay que ordenar los papeles” y cancelar cuentas con algunos proveedores que reclaman obligaciones atrasadas. Esta situación podría transformarse en un grave escollo para la provincia y la obra pública, que ya muestra evidentes signos de haber disminuido la actividad. Es que la Nación analiza como un todo, sin discriminar entre un organismo u otro, a la jurisdicción catamarqueña. Ojo que por aquí pueden surgir problemas y, aún más, demorar las remesas que, como agua en el desierto, están esperando las distintas empresas constructoras.
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A pesar del párate de la construcción, la Gobernadora ha seguido realizando inauguraciones en distintos puntos del territorio y esta semana podría dar apertura al dique Las Tunas, que se levanta en un enclave entre Las Cañas (Santa Rosa) y el departamento El Alto. Se trata de una obra muy importante y que redundará en beneficio de poblaciones del este y, paralelamente, contribuiría a neutralizar eventuales inundaciones, las cuales han tenido a mal traer a numerosos pueblos en los últimos dos años. Anotemos: Siján (Pomán), El Rodeo (Ambato), Balcozna (Paclín), Bañado de Ovanta, etc.
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El Ancasti, con frecuencia inusitada en los últimos dos años, criticó la vigencia de diferentes subsidios del Estado, especialmente los relacionados con la energía, los que efectivamente llevaron a que los ciudadanos porteños o del área metropolitana pagaran hasta hoy mismo cifras ínfimas, casi ridículas. De hecho, mucho más baratas que las que se abonaban en Catamarca y que, valga la redundancia, ya figuraba como uno de los estados provinciales de menor recaudación por un servicio que es vital. Frente al ajuste y la quita de subsidios, dispuestos por el nuevo gobierno nacional, el diario apunta que están medidas van a impactar fuertemente en el sector industrial y la producción agrícola. Lógico, no puede ser de otra manera. Si las tarifas van para arriba, los costos empresariales lo harán en igual sentido. Lo que está mal es comenzar a endilgar culpas, aunque sea indirectamente, al gobierno provincial al que los productores, según El Ancasti, le piden gestiones para que el incremento de la energía no produzca daños colaterales o sea disminuido. Todo lo que se pueda hacer, obviamente, será bienvenido, pero resulta de una incoherencia notoria salir a decir que el retiro de los subsidios, al que durante años apoyaron sin disimulo, ahora es un problema. Aparte, reconozcamos que fue una promesa de campaña del presidente Macri que está cumpliendo y, por cierto, vale para todos.
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La implementación de un sistema electoral que reemplace al vigente y que, por lo que se sabe, tratará el Congreso en los próximos tiempos, ya es decisión firme en la Casa Rosada. No solamente quieren aprobarlo lo más rápido posible, sino activarlo en las elecciones de medio término de octubre de 2017. Será con boleta única y, conforme lo decida el debate entre los partidos políticos, podría llegar a ser electrónico, aunque esto es más difícil porque todavía hoy hay muchas zonas del país donde no existe la conectividad por Internet. De esta manera, el añoso mecanismo que permitió realizar cientos de elecciones en los últimos cien años comienza a despedirse. Nos alegramos especialmente porque, como habrá de desaparecer la inveterada lista sábana, se habilita a una mejor selección de los postulantes a ocupar cargos electivos. En más, no creemos que haya que renegar del mecanismo que consagró -desde Hipólito Yrigoyen a Mauricio Macri- a nuestros presidentes y electos de toda escala. Sin embargo, si el cambio es para reforzar las garantías electorales y unificar criterios en toda la nación, muchísimo mejor.
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Con bombos y platillos, el gobierno anunció el jueves una nueva operatoria crediticia para el sector turístico. El ministro Chico y la secretaria del área, Natalia Ponferrada, informaron que el Consejo Federal de Inversiones estipuló un cupo de 15 millones de pesos para créditos de fomento en Catamarca, los cuales pretenden que sean destinados en su mayor parte a fortalecer la red de albergues del interior provincial. Según se explicó, el dinero puede ser aprovechado tanto para la construcción de nuevos alojamientos como para tareas de refacción integral en los ya existentes, con lo que se apunta a paliar el fuerte déficit local en un rubro esencial para atraer visitantes. En este sentido, no son pocas las quejas que se escuchan de los turistas por las notorias carencias que exhiben hosterías y residenciales, fundamentalmente en los departamentos. De hecho, las políticas de promoción desplegadas en distintos puntos del país por la secretaría de Turismo siguen chocando contra la falta de comodidades mínimas y de servicios, lo que conspira en el desarrollo de la “industria sin chimeneas” que tan bien funciona en destinos cercanos.
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La secretaria Ponferrada destacó que la convocatoria a los inversores se hará a través de la presentación de proyectos, los cuales irán siendo estudiados en su factibilidad y acompañados por el equipo técnico para asegurar que sean viables. Aunque no lo mencionó en la conferencia de prensa, se supo que habrá controles rigurosos sobre el correcto uso del dinero, para evitar que se repitan nefastas experiencias como las ocurridas durante la gestión brizuelista con los créditos Fondetur. Como se recordará, el programa de fomento fue usado para cualquier cosa menos para el turismo y es famoso el caso de uno de los “emprendedores” beneficiados que edificó locales y hasta un departamento con los dineros que consiguió. A comienzos del primer periodo de la gestión Corpacci, el entonces fiscal de Estado Marcos Denett promovió una investigación que involucró al exfuncionario Edgardo Ávalos, a quien se sindicó por un supuesto “desvío y/o distracción de los créditos Fondetur”. En el tema también intervino la Justicia. No se conoce si esta causa prosperó, ya que luego Denett fue removido de su cargo y permaneció en EC Sapem hasta que fue nombrado al frente de la cartera de Seguridad.
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RECUERDOS NO LEJANOS. Como lo hacemos habitualmente, completamos los “Apuntes” políticos repasando situaciones ocurridas hace exactamente 25 años.
El 31 de enero de 1991, en lo que fue su primer anuncio como ministro de Economía de la Nación, Domingo Felipe Cavallo lanzaba nuevas medidas fiscales y monetarias. Una de ellas llevaba como objetivo excluyente equilibrar las cuentas públicas y recuperar el superávit fiscal, además de acomodar tarifas al valor del dólar. Se trataba, en síntesis, de profundizar el ajuste financiero que ya venía poniendo en práctica su antecesor en el cargo, Antonio Erman González, quien había pasado a ser el ministro de Defensa.
En realidad, aquella conferencia de prensa de Cavallo fue el preanuncio de lo que se venía, que no iba a ser otra cosa que la ley de Convertibilidad, aquella en la que un peso equivalía a un dólar y que tuvo una vigencia de muchos años, en los cuales no había inflación, es cierto, pero el país caminaba al desastre que terminó de explotar en el año 2001.
Antes, como se vería más adelante, había que hacer algunos ejercicios fiscales y monetarios que, claramente, no parecen ser muy distintos a lo que viene practicando en la actualidad el ministro Alfonso Prat-Gay.
